Tránsito Ruiz – Asociada senior de Elzaburu
La piratería digital ya no es solo un problema del futuro: es una amenaza real y presente que afecta directamente a la competitividad de las empresas, a la innovación, al empleo y, por supuesto, a la reputación de las marcas.
El impacto económico es brutal. Según datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la falsificación y la piratería generan pérdidas anuales de 83.000 millones de euros en la UE. Y sectores como la moda, la electrónica, el deporte, los cosméticos o el entretenimiento son algunos de los más golpeados. Un dato reciente: según la Liga de Fútbol Profesional, los clubes de fútbol pierden al año entre 600 y 700 millones de euros por la piratería.
Pero, más allá de las cifras, la piratería online destruye valor: el valor del esfuerzo invertido en crear, innovar y construir marca. Además, expone a los consumidores a riesgos —desde productos inseguros hasta fraudes— y abre la puerta a delitos más graves, como el robo de datos o el malware.
Entonces, la gran pregunta: ¿cómo se puede frenar la piratería digital de forma efectiva?
Una amenaza global, sofisticada y en constante evolución
El principal problema de las infracciones online es la volatilidad de la prueba sobre dicha infracción. Es frecuente que el rastro del ciberdelito se transforme una vez cometido y desaparezca con muchísima rapidez.
Por ello, perseguir estos delitos es muy difícil, ya que los ciberdelincuentes usan técnicas específicas que dificultan enormemente la investigación: nos podemos encontrar con cifrado de datos, el uso de Darknet, VPNS para enmascarar su dirección IP o sistemas de anonimato, como la red TOR, que les permite navegar sin que su ubicación real pueda ser rastreada.
Los delitos, además, pueden ser cometidos en puntos geográficos diferentes al lugar donde se encuentra el medio comisivo (servidores, por ejemplo), o del lugar donde se manifiesta el resultado de dicho delito. Y suelen emplear malware avanzado, troyanos y ransomware que pueden ocultarse en servidores infectados para dificultar su seguimiento.
Otro gran inconveniente en la persecución policial o legal de los ciberdelitos es la universalidad de sus efectos. Pueden existir multitud de perjudicados pero la persecución judicial penal no es universal, sino nacional. Desgraciadamente, estos delincuentes pueden ir un paso por delante gracias a la actualización constante de sus métodos de ocultación.
No basta con denunciar: hace falta una estrategia transversal de protección
Las vías judiciales existen y son fundamentales. En España, la Ley de Marcas y el Código Penal permiten a los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual iniciar acciones tanto civiles como penales contra quienes infringen sus derechos, incluso contra intermediarios y plataformas que faciliten la venta de productos piratas.
Sin embargo, actuar únicamente desde el ámbito judicial no es suficiente. La velocidad con la que se cometen y ocultan las infracciones en el entorno digital exige una estrategia integral, preventiva y continua.
Por ello, entendemos que la mejor opción para la protección de los derechos de la propiedad intelectual e industrial en Internet es una defensa transversal; esto es, un enfoque combinado que incluye herramientas legales, tecnológicas y de colaboración institucional.
Cinco claves prácticas para proteger tu marca en el entorno digital
- Registrar los derechos de propiedad industrial e intelectual. Toda protección comienza por el registro adecuado de marcas, diseños, obras y patentes ante los organismos competentes: OEPM, EUIPO, OMPI, entre otros. Este paso no solo otorga derechos, sino que permite activarlos rápidamente en caso de infracción.
- Monitorización digital proactiva. Existen herramientas especializadas capaces de rastrear la red en busca de productos falsificados o usos indebidos de marcas. Estas soluciones, utilizadas por firmas como la nuestra, permiten detectar y eliminar infracciones con un índice de éxito del 80–85%. Esto se traduce en un mayor control del ecosistema digital y reducción real del daño a la marca.
- Colaboración con marketplaces y plataformas. Plataformas como Amazon, AliExpress, eBay o redes sociales han desarrollado canales específicos de denuncia para que los titulares de derechos puedan reportar productos ilegales. Usar estos recursos reduce notablemente el tiempo de respuesta ante infracciones.
- Vigilancia aduanera y control del comercio internacional. La colaboración con autoridades aduaneras es vital para frenar la entrada de productos falsificados. Las empresas pueden solicitar la intervención de aduanas para interceptar envíos sospechosos antes de que lleguen al consumidor.
- Asesoramiento jurídico especializado. Cada caso de infracción requiere una estrategia legal adaptada, tanto en el plano civil como penal. Contar con un equipo legal con experiencia en propiedad industrial e intelectual digital es clave para actuar con rapidez y eficacia.
La colaboración institucional: clave para una defensa efectiva
La piratería online es un delito difícil de perseguir individualmente. Por eso, se necesita una respuesta conjunta y coordinada entre todos los actores: gobiernos, fuerzas policiales, jueces, marcas y plataformas tecnológicas. A nivel europeo, existen iniciativas como EMPACT (Plataforma Multidisciplinar Europea contra Amenazas Criminales), que promueve la cooperación entre países para combatir delitos como la falsificación o la piratería digital. También destacan las acciones de Europol, Eurojust y Olaf, que apoyan a las autoridades nacionales en operaciones transfronterizas.
En este contexto, el papel de las marcas es crucial. Son quienes conocen mejor sus productos, los canales de distribución, los patrones de falsificación y los focos habituales de infracción. Su colaboración con las autoridades facilita la detección, diferenciación e incautación de productos falsos, algo que sería imposible sin su experiencia directa.
Más allá del daño económico: la reputación de marca
Combatir la piratería digital no es únicamente una cuestión de frenar pérdidas económicas o cerrar canales ilegales de venta. Es, ante todo, una acción directa para proteger la reputación de marca, ese intangible que se construye con años de inversión, esfuerzo, innovación y confianza del consumidor.
El consumidor no siempre distingue entre el producto original y el producto falsificado, pero sí responsabiliza a la marca cuando algo falla. Por ello, invertir en protección de activos intangibles, en vigilancia digital, en acciones legales preventivas y en colaboración institucional es una inversión estratégica sobre la reputación de la marca.
