Identificar los retos para mejorar la competitividad española y aportar medidas para solucionarlos es el objetivo del informe ‘Hacia un pacto de Estado para la Competitividad’, iniciativa del FMRE en colaboración con el gabinete de incidencia pública beBartlet, presentada el 9 de junio en el Congreso de los Diputados ante responsables económicos del PSOE y el PP y una audiencia formada por decisores públicos, directivos empresariales y representantes de la sociedad civil, de la Cámara de España y de la Fundación COTEC.
En el acto de presentación participaron Pablo López Gil, director general del FMRE; María Canal Fontcuberta, portavoz de la Representación de la Comisión Europea en España; Manuel Hidalgo, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide y senior fellow de EsadeEcPol; Judith Arnal Martínez, investigadora principal del Real Instituto Elcano; Ramón Mateo, socio y director de Análisis e Impacto Regulatorio de beBartlet; Jorge Barrero, director general de la Fundación COTEC; Beatriz Martín, subdirectora de Desarrollo Corporativo de la Cámara de Comercio de España; Ignacio Sierra, director general corporativo de TENDAM y miembro de la Junta Directiva del FMRE; Enma López, secretaria de Política Económica y Transformación Digital del PSOE; José Vicente Marí, secretario nacional de Industria, Turismo, Comercio, Empresas y Economía Circular del PP; y Belén Carreño Bravo, periodista.
Este informe propone una serie de medidas que permitan consolidar una economía española más resiliente, innovadora y sostenible en el marco europeo, en un contexto internacional que requiere una reacción estratégica y colaborativa.
Entre las áreas críticas de intervención, el informe plantea:
- Mejora regulatoria y administrativa. Avanzar a un entorno normativo más favorable para la actividad empresarial, reduciendo su complejidad administrativa, y armonizar los diferentes niveles regulatorios para garantizar coherencia en el territorio nacional.
- Impulso avanzado a la digitalización. Evolucionar hacia un modelo que contemple tanto el desarrollo de infraestructuras digitales como la capacitación para su aprovechamiento.
- Desarrollo del capital humano. Modernizar los mecanismos de formación profesional y continua para mejorar el desajuste entre sistemas formativos y las necesidades del mercado laboral.
- Fortalecimiento de la financiación para la innovación. Diversificar los mecanismos de financiación empresarial, superando la dependencia del crédito bancario, con el desarrollo de instrumentos adaptados a las etapas del ciclo de vida empresarial. En España, alternativas como el capital riesgo siguen siendo marginales.
- Inversión estratégica en activos intangibles. Impulsar esta inversión como pilar fundamental para la diferenciación competitiva de las empresas con un marco de apoyo integral y un marco fiscal favorable que potencie los activos inmateriales como I+D, software, diseño, marca y capital organizacional, elementos clave en la economía del conocimiento y la diferenciación competitiva.
- Transformación industrial y descarbonización. Se plantea una convergencia entre política industrial y transición energética como palanca de competitividad, con un mayor equilibrio entre los objetivos ambientales y el desarrollo industrial.
El informe aboga por trascender los discursos cortoplacistas y adoptar una mirada de país para abordar los desafíos competitivos. Además, propone un pacto entre agentes políticos, económicos y sociales como hoja de ruta para el futuro, acuerdo que requiere un alto consenso político y social, la colaboración público-privada sostenida y el diseño de una agenda estructurada en torno a estos cinco grandes pilares.
España enfrenta desafíos estructurales en un contexto de grandes transformaciones geoeconómicas y geopolíticas. Entre sus fortalezas, el informe destaca su proyección en energías renovables, las infraestructuras, el turismo y la conexión de banda ancha. Entre las debilidades, se refieren la gran atomización empresarial, la baja productividad, el rezago tecnológico y la escasa inversión en innovación.
La complejidad regulatoria y las barreras administrativas constituyen obstáculos críticos para la competitividad empresarial española. La OCDE ha señalado que España mantiene un sistema regulatorio fragmentado que genera costes administrativos desproporcionados. El problema se agudiza por la falta de coordinación entre políticas medioambientales y políticas industriales, donde los objetivos de sostenibilidad no se acompañan de los apoyos necesarios para la adaptación empresarial.
A esto se le une la escasez de talento especializado y la presencia mayoritaria de micropymes que limitan la capacidad de inversión, innovación e internacionalización de la economía española. Esta baja capacidad de inversión en intangibles afecta a la diferenciación y sofisticación de nuestra oferta, lo que dificulta la capacidad de las empresas españolas para competir en los mercados globales.
El informe plantea un decálogo de medidas prioritarias:
- Simplificación normativa y administrativa. Eliminar duplicidades y burocracia innecesaria, con evaluaciones de impacto normativo en la competitividad.
- Armonización regulatoria. Coordinar mejor las normativas entre administraciones (estatal, autonómica y local) para evitar barreras territoriales.
- Digitalización de la administración pública. Implementar una ventanilla única digital para empresas, usando tecnologías como blockchain y automatización.
- Fomento de la transformación digital de pymes. Crear un programa escalonado de digitalización (básica, avanzada, profunda), con incentivos fiscales.
- Red de Centros de Excelencia en IA y Ciberseguridad. Establecer centros que brinden apoyo técnico y asesoramiento especializado a empresas en estas áreas clave.
- Fortalecimiento de la Formación Profesional Dual. Reforzar la FP con mayor implicación empresarial, beneficios fiscales y adaptación de contenidos al mercado laboral.
- Planes de recualificación sectorial. Diseñar formación intensiva adaptada a sectores estratégicos como energías renovables o biotecnología.
- Atracción de talento internacional. Agilizar procesos de visado y crear programas específicos (ej. visa tecnológica) para atraer perfiles cualificados.
- Apoyo a la inversión en innovación y activos intangibles. Desarrollar productos financieros adecuados y facilitar el acceso a fondos europeos mediante asesoramiento centralizado.
- Sistema de monitorización y evaluación. Crear un cuadro de mando con indicadores clave para medir, ajustar y dar transparencia a los avances en competitividad.
El informe también señala medidas de fomento de la internacionalización, como mejorar el acceso a instrumentos financieros específicos, especialmente para empresas en fases de crecimiento. Además, propone la coordinación público-privada para proyectar una imagen cohesionada y atractiva de España en el exterior, con el uso estratégico de las marcas renombradas españolas para reforzar la percepción global del país, promoviendo su vinculación con la excelencia empresarial, y reforzando su papel como tractoras del resto del tejido empresarial hacia los mercados internacionales.
Puedes descargar el informe completo en este enlace.
