Carolina Pina– Socia corresponsable de Telecomunicaciones & Media de Garrigues

Las actuales guerras arancelarias, generadas principalmente por políticas proteccionistas de algunos estados, así como los nuevos tratados internacionales de libre comercio, exigen a las empresas realizar un profundo estudio sobre dónde fabricar sus productos. En este análisis deben incluirse las posibles implicaciones legales del uso de la expresión Made in, pues el precio de los productos, sobre todo de los productos de lujo o de alta tecnología, puede verse afectado como consecuencia de la percepción de calidad o confianza que genera en los consumidores. Este es el caso, por ejemplo, de la marca de origen de muchos países europeos, como Francia, Italia, Alemania o España.

La normativa europea no requiere la identificación del origen geográfico de los productos siempre que dichos productos provengan de países miembros de la Organización Mundial Comercio (OMC). En España no existe una obligación de incluir información sobre el origen de los productos, salvo en el caso de determinados productos, como los de alimentación, que no son objeto de este comentario. Sin embargo, el uso de la marca Made in Spain puede realizarse de forma voluntaria en cuyo caso deberán analizarse las siguientes consideraciones.

  1. Normativa aduanera: El uso de la indicación “MADE IN” se hace depender del criterio de la última transformación sustancial. En concreto, para las mercancías en cuya fabricación interviene más de un país, el Código Aduanero de la Unión establece que las mercancías se consideran originarias del país en el que se haya producido su última transformación o elaboración sustancial, económicamente justificada, efectuada en una empresa equipada a tal efecto, y que haya conducido a la fabricación de un producto nuevo o que represente un grado de fabricación importante.

Salvo para determinadas mercancías que cuentan con reglas de origen no preferencial (las referidas en el Anexo 22-01 del Reglamento Delegado del Código Aduanero), no existen disposiciones específicas para determinar qué debe entenderse por transformación sustancial. La posición defendida por la Comisión Europea en las negociaciones que tienen lugar en el Programa de Trabajo para la Armonización de las reglas de origen en la OMC es el de cambio de partida arancelaria a nivel de 4 cifras. Es decir, hay que atender al momento en el que el producto cambia de clasificación arancelaria. Aunque esta posición no es vinculante, la propia Comisión Europea la viene defendiendo en su página web como guía para fijar el origen no preferencial de los productos no cubiertos por el Anexo 22-01.

  1. Normativa de consumidores, publicidad y competencia desleal: A la luz de esta normativa se consideran ilícitos los actos de engaño al consumidor, por ejemplo afirmar que un producto tiene su origen en España cuando las materias primas de dicho producto y/o su proceso de producción no son españoles. Por tanto, la información que se proporcione al consumidor respecto del origen geográfico de los productos etiquetados debe ser cierta.
  2. Riesgos penales: El delito de publicidad engañosa regulado en el artículo 282 del Código Penal castiga con penas de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses a los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores.

Por otro lado, la Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando, recoge una serie de actuaciones relativas a la importación y exportación de mercancías de lícito comercio que podrían ser en su caso tipificadas como de un delito de contrabando. La referida Ley prevé penas de prisión de uno a cinco años y multas del tanto al séxtuplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos. Esta norma tipifica de delito cuando el valor de dicha mercancía sea superior a 150.000 euros y la importen o exporten sin presentarla para su despacho en las oficinas de aduanas (o en los lugares habilitados por la Administración aduanera) –la ocultación o sustracción de cualquier clase de mercancía de la acción de la Administración aduanera equivaldría a su no presentación–. En todo caso para la comisión del delito de contrabando se requiere un beneficio aduanero producido por la mercancía exportada o importada.

Los nuevos tratados comerciales no deben verse como meros cambios geopolíticos porque están afectando directamente a las empresas europeas. Muchas compañías apostaron por la deslocalización de su producción a países de Oriente o Marruecos, donde el coste de la mano de obra es considerablemente más reducido. A través de esta estrategia, las compañías derivan las fases de fabricación a dichos países mientras que se conservan otras funciones como el diseño, marketing y la publicidad, que siguen realizándose en los países de origen de las marcas. Un correcto diseño de la localización de los centros productivos debe incluir el análisis del régimen arancelario y del etiquetado, con el fin de valorar su impacto económico y en la imagen de marca país que se pretende trasladar.

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